A 5 AÑOS DE LA FUGA DEL PRÓFUGO SERGIO MARTINEZ OPERADOR DIGITAL DEL FRAUDE 2019
Edgar Ramos Andrade (*) El Alto - Bolivia 17 diciembre 2024
1. El jueves 5 de diciembre 2019, llegaron a La Paz los fiscales superiores Patricia Bohórquez, Elizabeth Viveros y Gonzalo Aparicio, designados por el entonces fiscal general Juan Lanchipa para apoyar la investigación penal, por fraude, a los vocales del Tribunal Supremo Electoral –caso LPZ1914592– dirigida por el fiscal Ronald Amilcar Chávez Navarro.
2. Esos fiscales tenían tres tareas: a) Entrevistar vía remota a Marcel Guzmán dueño de la empresa Neotec que instaló el sistema informático para esa elección; b) Indagar la situación de las personas investigadas y estaban asiladas en la Embajada de México; c) Conocer el caso del imputado y asilado Sergio Daniel Martínez Beltrán que tenía orden de detención.
3. El fiscal Chávez informó a los fiscales superiores que cumplida formalidad diplomática para detener al experto informático y asesor del TSE, Sergio Martínez, éste abandonó la Embajada de México y se presentó voluntariamente en la Fiscalía.
4. Martínez declaró ante el fiscal Chávez, pero éste no ejecutó la orden de detenerlo y lo dejó irse a casa. Horas después se supo que el imputado –y prófugo– escapó al Perú por la frontera de Desaguadero.
5. Los fiscales superiores exigieron a Chávez detalles sobre esta negligencia. No hubo explicación y sí reticencia. Entonces, solicitaron acceder a la Declaración fiscal firmada por el fugitivo Martínez, no aparecía tal documento. Luego, ingresaron al sistema IP4 registro digital de declaraciones fiscales. Tampoco había nada.
6. Ante la fuga del interdicto los fiscales tuvieron que abrir otra investigación penal por delitos de Uso indebido de influencias e Incumplimiento de deberes –caso FIS 201102012000009– y procesar a los fiscales Ronald Chávez y Mónica de la Riva. Al primero por permitir –inducir– la fuga del imputado Martínez y ocultar evidencia de delito, a la segunda por ocultar ante la Fiscalía su relación conyugal-paternal con el prófugo Martínez. O sea, la Fiscalía investigaba a dos fiscales que ayudaron a un prófugo de la justicia a escapar.
7. El subteniente e investigador Coaquira informó a los fiscales superiores sobre la fuga de Martínez. Los fiscales Chávez y De la Riva fueron imputados y detenidos, pero Martínez ya estaba fuera del país y su Declaración fiscal –documento clave y por ahora desaparecido– fue –está– intencionalmente ocultada.
8. Durante el proceso de investigación fiscal del probado fraude electoral, desde noviembre de 2019 hasta julio de 2021, el fiscal Lanchipa y su secretario general Edwin Quispe Mamani omitieron informar a la prensa del caso del prófugo Martínez. Los medios (El Deber, oxigeno.bo y otros) difundieron varios detalles.
9. Entre febrero y julio del año 2021, las 9 fiscalías departamentales emitieron Requerimiento Conclusivo (finalización) de la investigación penal con sobreseimiento (eximición de responsabilidad y culpa) a todos los procesados por el fraude: 51 vocales electorales y sus funcionarios, Neotec y al prófugo Martínez. La ley 1266 –que anuló esa elección fraudulenta– tampoco dispone investigar a los autores materiales e intelectuales del fraude. Es decir, la justicia y el Parlamento omitieron su obligación de investigar el fraude y la violencia que ocasionó: 38 muertos, 800 heridos, y 1.500 detenidos.
10. Como prueba, anexamos la Declaración de la fiscal superior Patricia Bohorquez Barrientos ante la comisión del Ministerio Público de fecha 15 de enero 2020; el propósito es transparentar la información y la acción de jueces y fiscales.
(*) Edgar Ramos Andrade es escritor y autor del libro “Fraude 3.0 Crímenes de lesa democracia” +591 7580 1838 chaco.amazonia@gmail.com
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